Hoy en día, el modelo tradicional cristiano de asistencia basado en caridad, cuerpos intermedios y subsidiariedad no puede desarrollarse plenamente bajo el marco constitucional y jurídico actual en España, por varias razones estructurales, ideológicas y legales. A continuación te explico los obstáculos clave:
1. Monopolio asistencial del Estado
El sistema actual parte de la premisa de que el Estado es el principal garante de la justicia social, lo que implica:
- Centralización de los recursos vía impuestos obligatorios.
- Gestión burocrática de la ayuda, sin discernimiento moral.
- Exclusión o marginalización de cuerpos intermedios (parroquias, asociaciones cristianas, gremios).
Esto contradice el principio de subsidiariedad de la Doctrina Social de la Iglesia, que enseña que lo que pueden hacer las comunidades menores (familia, municipio, parroquia), no debe asumirlo el Estado (Quadragesimo Anno, 79).
2. Marco constitucional aconfesional e ideologizado
La Constitución Española de 1978, aunque reconoce la libertad religiosa, establece:
- Un modelo aconfesional, que impide dar preferencia real a instituciones de inspiración cristiana.
- La obligación de neutralidad ideológica, que se traduce en hostilidad hacia iniciativas cristianas si se consideran “discriminatorias” (por ejemplo, si priorizan familias tradicionales, colegios u hospitales católicos o principios morales católicos).
Además, muchas subvenciones están condicionadas a aceptar ideología de género, laicismo o pluralismo relativista, lo cual impide que asociaciones fieles a la doctrina tomista reciban apoyo.
3. Regulación y burocracia que impiden la caridad directa
Antes, bastaba la voluntad moral y la caridad personal para abrir un hospital, escuela o comedor cristiano. Hoy se exige:
- Licencias, normativas, inspecciones técnicas, requisitos de igualdad de género, etc.
- Adaptación curricular obligatoria en educación a contenidos ideológicos (LGTBI, ideología de igualdad, etc.).
- Prohibición de exclusividad confesional en muchos proyectos públicos.
Esto anula el carácter apostólico y libre de la caridad tal como la concibe la Iglesia.
4. Fiscalidad confiscatoria que impide la limosna y el mecenazgo
Con una presión fiscal efectiva de hasta el 50–60% del ingreso de un español medio:
- Se reduce drásticamente la capacidad personal y familiar para ejercer la caridad libre.
- Muchas personas prefieren no donar, pues “ya lo da el Estado con mis impuestos”.
- Las parroquias y cofradías se empobrecen al no recibir limosnas ni recursos suficientes.
En el modelo tradicional, era la generosidad libre del cristiano lo que sostenía hospitales, dotes, hospicios, escuelas y comedores.
5. Cultura de derechos sin deberes
El orden jurídico moderno —inspirado en el positivismo y el liberalismo político— enfatiza los “derechos sociales” (a la vivienda, a la salud, a la renta, etc.) pero desconecta esos derechos de los deberes morales y espirituales.
El resultado:
- Se destruye la relación personal entre bienhechor y necesitado.
- Se elimina toda petición de conversión, arrepentimiento o mejora del receptor.
- Se fomenta la pasividad, la exigencia y el clientelismo político.
Conclusión: ¿Por qué no es posible hoy?
Porque el actual sistema:
- Confisca los recursos que permitirían la ayuda directa.
- Sustituye a la caridad por el asistencialismo impersonal.
- Margina a las instituciones cristianas con criterios laicistas.
- Obstaculiza la subsidiariedad mediante centralismo normativo.
- Promueve una visión del hombre sin alma, sin virtud y sin vocación sobrenatural.
¿Solución?
Solo sería posible restaurar este modelo si se cambia:
- El marco constitucional, reconociendo la primacía del orden moral natural y cristiano.
- El modelo fiscal, permitiendo la libertad de subsidiar y ayudar sin confiscación estatal.
- La legislación de subvenciones, eliminando el adoctrinamiento ideológico obligatorio.
- El rol del Estado, que debe ser auxiliar, no tutor universal del ciudadano.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán
