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1. Cambios legislativos: derogaciones y nuevas leyes

Derogaciones imprescindibles

• Derogación total de la Ley de Igualdad de Trato (Ley 15/2022) y leyes que impongan relativismo o censura la doctrina católica.
• Anulación de la Ley de Libertad de Expresión actual en su enfoque liberal, que no reconoce límite moral objetivo.
• Supresión de las leyes que financian o legitiman ideologías contrarias a la ley natural: feminismo radical, ideología de género, aborto, LGTBI, etc.
• Derogación de normas que exigen “pluralismo ideológico” y “neutralidad” que niegan la primacía de la verdad.

Nuevas leyes a aprobar

• Ley de Reinado Social de Cristo Rey que declare la supremacía de la ley divina y católica en la legislación y medios.
• Ley de Oficialidad de la Religión Católica como religión única del Estado y fundamento moral de la comunicación pública.
• Ley de Supervisión Moral y Doctrinal de Medios: establecer órganos mixtos eclesiásticos y civiles con potestad para aprobar, censurar o sancionar contenidos contrarios a la fe y moral católica.
• Ley de Financiamiento Condicionado y Exclusivo: sólo se subvencionarán medios que promuevan la doctrina católica tradicional y natural.
• Ley de Sanciones contra la difusión pública de herejías, escándalos, inmoralidad o propaganda contraria a la ley natural.
• Ley de Educación y Formación en Comunicación Católica, con planes para formar periodistas, directivos y desarrolladores de doctrina tradicional.

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2. Partidas presupuestarias públicas necesarias

• Fondo estatal de apoyo a medios católicos y tradicionales: presupuesto anual para subvencionar medios, radio, TV, prensa, y digitales con control eclesiástico y civil.
• Financiación pública exclusiva para la difusión de la doctrina tomista, la patrística y encíclicas.
• Programas de formación y becas para periodistas y comunicadores católicos.
• Financiación para el desarrollo de nuevas plataformas y medios católicos.
• Presupuesto para campañas públicas educativas orientadas a la formación moral y cultural tradicional católica.
• Cancelación inmediata de subvenciones públicas a medios laicistas, progresistas o ideológicos contrarios.

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3. Organizaciones a clausurar

• Medios, editoriales, productoras, radios y televisiones con demostrada promoción pública del error doctrinal o moral (ejemplo: RTVE, Atresmedia, Mediaset si no dejan de mentir sistemáticamente).
• Organismos reguladores o auditorios que promuevan ideologías liberales, laicistas o progresistas.
• Cualquier entidad pública o privada que financie o promueva activamente ideologías contrarias a la fe católica.
• Plataformas digitales, canales de streaming o redes sociales que no acepten supervisión doctrinal.
• Asociaciones de “periodistas” o comunicadores que defiendan valores anticristianos.

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4. Política de contratación de directivos y gestores

• Selección exclusiva de católicos practicantes y formados en doctrina tradicional (tomismo, patrística).
• Nombramientos supervisados y aprobados por un órgano mixto Estado-Iglesia.
• Exigencia de juramento o compromiso público de fidelidad a la doctrina y misión católica del medio.
• Remoción inmediata de directivos que promuevan desviaciones doctrinales o morales.
• Formación continua obligatoria para directivos y personal clave.
• Creación de una “Academia de Formación en Comunicación Católica” para certificar a profesionales.

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5. Instrumentos de supervisión, auditoría y corrección

• Constitución de un Consejo Superior de Comunicación Católica, órgano mixto de auditoria, compuesto por eclesiásticos y juristas tomistas, con autoridad sancionadora y correctora.
• Auditorías doctrinales periódicas y frecuentes del contenido para verificar conformidad con la doctrina católica.
• Facultades para exigir rectificaciones públicas, suspensiones temporales o cierres definitivos.
• Vigilancia de la financiación para asegurar que el dinero público solo se use conforme a los fines doctrinales.
• Comisión de ética para evaluar nuevos proyectos y contenidos.
• Desarrollo de un registro público de medios y profesionales certificados.

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Conclusión

La verdadera comunicación al servicio del bien común y del alma debe estar fundada en la ley divina y natural, y por ende debe ser sometida a un ordenamiento conforme a la ley natural, la doctrina tomista y tradicional católica. El Estado debe asumir su deber de proteger la verdad y evitar la difusión del error, el escándalo y la corrupción moral.

Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán