En Madrid, el Ministerio de Defensa ha ordenado el desalojo de cientos de soldados del Acuartelamiento General Arteaga, en el distrito de Carabanchel, para cerrar la instalación y cederla como centro de acogida de inmigrantes. Esta medida, anunciada en agosto de 2025, ha generado alarma entre los afectados y críticas por la falta de alternativas de vivienda, dejando a muchos militares en riesgo de precariedad ante los altos precios de alquiler en la capital.
Detalles clave:
– **Afectados**: Cientos de militares de Tropa del Ejército de Tierra, muchos de ellos con bajos salarios que les impiden asumir alquileres en Madrid, especialmente si mantienen familias en otras ciudades. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) estima que el cierre impactará a un número significativo de efectivos destinados en la zona, sin soluciones inmediatas.
– **Qué ocurrió**: El 4 de agosto de 2025, los soldados recibieron un correo electrónico notificando el cierre del acuartelamiento el 1 de enero de 2026, con obligación de desalojar los alojamientos logísticos antes del 15 de diciembre de 2025. El motivo principal es la reconversión del espacio para uso como centro de inmigrantes, aunque el Ministerio no ha detallado el número exacto de plazas que se habilitarán ni el tipo de acogida (temporal o permanente). Este cuartel ya ha sido utilizado previamente para alojar inmigrantes, como en febrero de 2025, cuando se reportaron condiciones precarias para casi 2.000 personas en el sur de Madrid.
– **Por qué**: La decisión responde a la necesidad de espacios para la acogida de inmigrantes, con Madrid como uno de los principales puntos de llegada. Fuentes indican que el Gobierno prioriza estos usos sobre el mantenimiento de instalaciones militares obsoletas, pero sin prever el impacto en el personal. ATME denuncia la «falta de previsión» y recuerda que alertaron del problema en marzo de 2024, sin respuestas efectivas.
– **Impacto y reacciones**: Los militares enfrentan una «situación insostenible», con listas de espera de hasta tres meses en otras residencias como la de San Fernando o la Base de Pozuelo, y sin acceso a alojamientos de la Armada o el Ejército del Aire. ATME exige al Ministerio una lista actualizada de plazas libres, la creación de alojamientos provisionales y una transición ordenada, advirtiendo que «no se puede dejar a los militares en la calle». El Ministerio de Defensa ha ofrecido «alternativas en alojamientos de apoyo a la movilidad geográfica», pero ATME las califica de insuficientes. No hay respuesta oficial reciente al descontento.
Este caso en Madrid evoca tensiones similares en otros países, como el Reino Unido, por la priorización de recursos para inmigrantes sobre el personal militar. ATME continúa presionando por soluciones urgentes, y el tema ha ganado visibilidad en redes sociales desde finales de septiembre de 2025.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán